Jairo Ocampo Rambal
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Medio independiente

Fundado desde el 2005 por el dr. Jairo ocampo destacado jurista egresado de la UNIV. Libre de Colombia con Especializacion en la univ. Central y con altos estudios sobre el parlamento español; el dr. Ocampo es un  estudioso del derecho quien ha ocupado dignidades en el congreso de la republica y en la empresa privada, igualmente como profesor en las areas del derecho constitucional con una experiencia de mas de 20 años en el sector publico.

Consejo de Estado

Corte Constitucional

  • El servicio de agua y saneamiento ambiental básico son derechos fundamentales y se deben garantizar de forma continua e ininterrumpida por parte de las empresas prestadoras de estos servicios

    “La empresa Aqualia Villa del Rosario SAS (Norte de Santander) vulneró los derechos fundamentales de acceso al agua potable, saneamiento básico, salud y vida digna de la ciudadana accionante como usuaria, al no suministrarle en forma debida los servicios a pesar de que le cobra por estos”.

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  • El servicio de agua y saneamiento ambiental básico son derechos fundamentales y se deben garantizar de forma continua e ininterrumpida por parte de las empresas prestadoras de estos servicios

    “La empresa Aqualia Villa del Rosario SAS (Norte de Santander) vulneró los derechos fundamentales de acceso al agua potable, saneamiento básico, salud y vida digna de la ciudadana accionante como usuaria, al no suministrarle en forma debida los servicios a pesar de que le cobra por estos”.

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  • Corte protege de forma transitoria derechos de trabajadora despedida por una entidad bancaria, pese a padecer un trastorno de ansiedad

    Una empresa vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social al despedir a una trabajadora diagnosticada con trastorno de ansiedad, cuando termina unilateralmente el vínculo laboral aduciendo una justa causa, sin tener en cuenta su afección de salud y sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo.

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  • Periodistas no pueden ser declarados civilmente responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción de un funcionario público

    El ejercicio de las libertades de expresión, información y opinión de los periodistas garantiza la posibilidad de publicar información sobre actos de posible corrupción sin que hubiesen concluido los procesos disciplinarios o penales correspondientes siempre que cumplan con las cargas de veracidad e imparcialidad, así como la de opinar sobre tales hechos.

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