Magistrado Ponente. Iván Escrucería Mayolo

El demandante solicitó a la Corte Constitucional, declarar que la expresión “acuerdo” contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, acuerdo cuya existencia se tiene por acreditada no solo por constituir un hecho notorio,

sino por hacer parte de la Resolución Número 339 de 2012 “Por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones”, no hace referencia a un acto administrativo, ni a un decreto constitucional autónomo, interpretaciones que, en su criterio, resultan contrarias a la Constitución, sino que debe entenderse en el sentido según el cual el acuerdo general, los acuerdos temáticos alcanzados entre las partes y el acuerdo final, son acuerdos especiales a la luz del derecho internacional humanitario, más específicamente, acuerdos especiales en virtud del artículo 3º común de los Convenios de Ginebra y que por tal razón, es decir, por desarrollar obligaciones del derecho internacional humanitario, hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Después de examinar la demanda, la Corte encontró que la misma no cumplía las condiciones y requisitos exigidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional para que se pueda emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la pretensión del actor.

En primer lugar, señaló la Corte, la demanda no reúne los requisitos previstos en el artículo 2º del Decreto Ley 2067 de 1991 y precisados por la jurisprudencia.

En realidad, el actor no acusa la inconstitucionalidad de una norma legal o con fuerza material de ley, sino que pretende que la Corte Constitucional haga la interpretación que él considera es la correcta sobre la naturaleza del acuerdo general, los acuerdos temáticos y el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Por la misma razón, la demanda no plantea una confrontación entre un contenido normativo con fuerza material de ley y preceptos constitucionales específicos, sino que parte de concepciones hipotéticas y de tres interpretaciones subjetivas sobre la naturaleza jurídica de unos actos, algunos de los cuales no existían para el momento de presentación de la demanda, como quiera que para ese momento solo se conocía el llamado acuerdo general. Tampoco puede darse por cumplida la carga de exponer el concepto de violación de la Constitución. En efecto, el actor no plantea una confrontación con la Constitución de un acto que tenga valor normativo, sino que, como concepto de la violación presenta tres interpretaciones posibles de la expresión demandada, con la pretensión de que la Corte señale que solo una de ellas se aviene con la Constitución. En criterio de la Corte esto significa, que la demanda carece de la certeza y suficiencia requeridas para que se pueda abordar un cargo de inconstitucionalidad y proferir una decisión de fondo, puesto que la misma se orienta a provocar un pronunciamiento de la Corte sobre la naturaleza jurídica de los acuerdos de paz y no a mostrar una oposición objetiva y verificable entre un texto normativo y la Constitución.

En segundo lugar, la Corporación observó que en la medida en que la acusación se dirige contra una expresión que no está contenida en un acto que tenga fuerza material de ley, la Corte no tiene competencia para conocer y decidir sobre la demanda, de conformidad con las funciones que le confiere el artículo 241 de la Carta Política. Para la Corte, la anterior conclusión encuentra soporte en el hecho de que ya esta Corporación, en la sentencia en la cual se pronunció sobre la ley estatutaria que regula el plebiscito especial para la paz, estableció que los acuerdos que se celebran en desarrollo de un proceso de paz no tienen valor normativo y que su naturaleza es eminentemente política (sentencia C- 379/16). En consecuencia, la Corte procedió a inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión “acuerdo” contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, alcanzado en La Habana (Cuba) el 26 de agosto de 2012, tanto por ineptitud sustantiva de la demanda, como por carecer de competencia.

Decisión La Corte Constitucional decidió declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la expresión “acuerdo”, contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, alcanzado en La Habana (Cuba) el 26 de agosto de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda y falta de competencia de la Corte para emitir un pronunciamiento de fondo.

Salvamento y aclaraciones de voto El magistrado Alberto Rojas Ríos se apartó de la decisión inhibitoria adoptada por la mayoría, toda vez que en su concepto la demanda satisfacía de manera apropiada los requisitos mínimos exigidos para emitir un pronunciamiento de fondo. A su juicio, este era uno de los casos que la jurisprudencia ha denominado como de competencia especial o atípica , basada principalmente en criterios materiales relativos al contenido de las normas acusadas, en los que la Corte Constitucional, en cumplimiento de su atribución de guardián de la supremacía e integridad de la Carta Política, conoce de otros decretos o actos normativos generales diferentes de leyes en sentido formal y decretos con fuerza de ley. En particular, recordó los pronunciamientos de la Corte sobre el Pacto de Bogotá y el Acuerdo Complementario para el establecimiento de bases militares de Estados Unidos de América en territorio colombiano.

Consejo de Estado

Corte Constitucional

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