Así lo aseguró en su ponencia el Magistrado FERNANDO CASTILLO CADENA de la sala de casación Laboral, en sentencia del pasado 15 de marzo que fue casada totalmente, en la cual hizo énfasis en que la responsabilidad del empleador, en estos casos, opera de manera distinta, es decir, para el caso concreto, tendrá responsabilidad teniendo en cuenta el daño irrogado al ex trabajador o afiliado.

Las salas de Casación Civil, Laboral y Penal eligieron como sus  presidentes a los magistrados Luis Alonso Rico Puerta, Gerardo Botero Zuluaga y Eugenio Fernández Carlier. Como vicepresidentes fueron designados, respectivamente, los magistrados Ariel Salazar Ramírez, Fernando Castillo Cadena y Eyder Patiño Cabrera.

Esto con la finalidad de establecer los hechos ocasionado a personas en condición de discapacidad que realizaban una protesta pacífica en la Plaza de Bolívar, el miércoles 19 de Abril, Además, hace un llamado a la sensatez y al uso racional de la fuerza pública, atendiendo los protocolos y estándares internacionales,

Consejo de Estado

Corte Constitucional

  • El servicio de agua y saneamiento ambiental básico son derechos fundamentales y se deben garantizar de forma continua e ininterrumpida por parte de las empresas prestadoras de estos servicios

    “La empresa Aqualia Villa del Rosario SAS (Norte de Santander) vulneró los derechos fundamentales de acceso al agua potable, saneamiento básico, salud y vida digna de la ciudadana accionante como usuaria, al no suministrarle en forma debida los servicios a pesar de que le cobra por estos”.

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  • Corte protege de forma transitoria derechos de trabajadora despedida por una entidad bancaria, pese a padecer un trastorno de ansiedad

    Una empresa vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social al despedir a una trabajadora diagnosticada con trastorno de ansiedad, cuando termina unilateralmente el vínculo laboral aduciendo una justa causa, sin tener en cuenta su afección de salud y sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo.

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  • Periodistas no pueden ser declarados civilmente responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción de un funcionario público

    El ejercicio de las libertades de expresión, información y opinión de los periodistas garantiza la posibilidad de publicar información sobre actos de posible corrupción sin que hubiesen concluido los procesos disciplinarios o penales correspondientes siempre que cumplan con las cargas de veracidad e imparcialidad, así como la de opinar sobre tales hechos.

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