En las década de 1970 y 1980 miles de colombianos migraron a Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida y la encontraron. Hoy, la mayoría de esos compatriotas regresan al país huyéndole a la crisis social y económica la república bolivariana, al tiempo que cientos de sus ciudadanos, también buscan en las urbes colombianas una vida digna. ¿Debe el Estado Colombiano cerrar las fronteras? ¿Debe el Estado Colombiano recibirlos con los brazos abiertos?

Cerca de 1.500.000 personas migran anualmente de Venezuela a Colombia, a través de los 2.500 kilómetros de frontera entre los dos países. Como consecuencia, ciudades fronterizas como Riohacha, Maicao, Valledupar, Cúcuta y Arauca viven una emergencia en materia económica y social.

En un debate de control político sobre las problemáticas asociadas a la migración de venezolanos hacia Colombia, fueron establecidas tres olas de desplazamiento geográfico, así: En un primer momento, llegaron los empresarios y personas adineradas; en una segunda instancia, arribó talento humano capacitado como ingenieros, médicos, odontólogos y contadores, y posteriormente, el país empezó a recibir personas que buscan satisfacer sus necesidades básicas.

Solamente en las ciudades fronterizas el Gobierno ha destinado unos tres mil millones de pesos en la atención en salud de venezolanos, cifra que podría elevarse a seis mil millones de pesos al finalizar 2017. Según la Senadora Nadie Blel Scaff, en el Hospital Universitario de Cartagena son atendidos 80 venezolanos, mensualmente.

En el recinto de la Comisión Séptima del Senado, el alcalde de Maicao, José Carlos Molina, y el presidente del Concejo de Cúcuta, Nelson Ovalles, expusieron la complejidad de la problemática. El primero pidió una intervención integral con recursos económicos para educación, empleo y seguridad. Por su parte, el cabildante aseguró que la capital de Norte de Santander requiere de la creación de unos 20.000 nuevos empleos.

Ante el reto de las diferentes olas migratorias de venezolanos hacia Colombia, los funcionarios del gobierno colombiano explicaron la necesidad de exigir la tarjeta de movilidad fronteriza, con el fin de llevar un registro confiable, pues a las autoridades les fue imposible exigir el pasaporte, toda vez que ese documento no está siendo expedido en Venezuela. “Ya tenemos más de 200.000 personas registradas”, detalló Cristian Kruguer, director de Migración  Colombia.

El debate de control político concluyó en la creación de una subcomisión de seguimiento al tema, integrada por los senadores Antonio José Correa, Nadia Blel Scaff, Edinson Delgado y Honorio Enríquez. Ellos tendrán la misión de encontrar salidas a las problemáticas sociales y económicas a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana.