Magistrado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

La Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura   con Ponencia del Magistrado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , anuncia jurisprudencia en el sentido de precisar que, en lo sucesivo, los representantes a la Cámara estarán inhabilitados para inscribirse como candidatos cuando un familiar que ejerce autoridad civil y política se encuentra en licencia no remunerada, por lo que no constituirá un eximente de responsabilidad subjetiva el hecho de que el representante a la cámara, antes de inscribirse, haya consultado o pedido una asesoría idónea sobre la configuración de la inhabilidad.

Síntesis del caso: En ejercicio del medio de control de pérdida de investidura en contra del congresista V.A.T, un ciudadano solicitó que le fuera impuesta dicha sanción por una presunta violación del régimen de inhabilidades, específicamente por tener vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

Problema jurídico 1: ¿El alcalde que se encuentre en una situación de falta temporal sigue ejerciendo autoridad civil y política?

Tesis 1: “[S]e tiene que el ejercicio de autoridad civil y política se configura en razón de las funciones constitucional y legalmente atribuidas al cargo y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación, el titular del cargo conserva las facultades y competencias que el ordenamiento jurídico le asigna durante el período de licencia no remunerada, de donde se desprende que el alcalde elegido por voto popular que esté en licencia no remunerada sigue ostentando la autoridad civil y política que le es propia a la naturaleza del cargo. Un entendimiento contrario de la inhabilidad señalada por el numeral quinto del artículo 179 de la Constitución, esto es, que el pariente del representante a la cámara que ejerce autoridad civil y política en razón de las funciones atribuidas, deja de ostentarla por el tiempo en el que disfruta de una licencia no remunerada, desconocería la finalidad para la que fue establecida la citada inhabilidad, que, como se indicó, es evitar que el poder político se acumule en una misma familia y garantizar el principio de igualdad en los procesos electorales, precisamente porque esta clase de inhabilidades fueron previstas para prevenir desequilibrios en la contienda electoral. A lo dicho cabe agregar que las inhabilidades tienen una naturaleza restrictiva y se establecieron en favor del elector, ya que, como se dijo en precedencia, están diseñadas para satisfacer el interés general y proteger los principios que inspiran la función pública, tales como, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad70; ello es así porque el cumplimiento de ciertos requisitos, como no incurrir en las inhabilidades, garantizan el desempeño de los servidores públicos con idoneidad y probidad en beneficio del interés general y sin atender intereses privados. 

Por consiguiente, la confianza de la ciudadanía es defraudada cuando se trata de dos servidores elegidos popularmente y el primero de ellos se aparta del cargo a través de una licencia no remunerada, designando su encargado, mientras el segundo inscribe su candidatura y llega a ser elegido, dado que los servidores electos popularmente son representantes de la comunidad y, en consecuencia, el ejercicio del poder que les ha sido atribuido debe hacerse conforme al interés general y de manera transparente; por lo que cualquier actuación por fuera de los límites que la sociedad ha acordado en la Constitución conlleva un fraude a la confianza de los ciudadanos, que eligen a sus representantes con el propósito de beneficiar y proteger a la colectividad y no para valerse del poder en beneficio propio o de sus parientes. (…) [L]a Sala concluye que este segundo requisito está cumplido, toda vez que, acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el alcalde que está en licencia no remunerada continúa como titular del cargo, por lo que conserva las facultades y atribuciones señaladas en la ley, de donde se desprende que ostenta autoridad civil y política”. 

NOTA DE RELATORÍA 1: Sobre la inhabilidad del congresista por tener vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política, ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero de 2019. C.P: Rocío Araújo Oñate. Expediente nro. 11001 03 28 000 2018 00031 00 (SU). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Décima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 10 de agosto de 2020. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 00061 00 (PI). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de octubre de 2020. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 00061 01 (PI).

 NOTA DE RELATORÍA 2: Sobre la posición de la Sección Quinta de la Corporación acerca de la inhabilidad del numeral quinto del artículo 179 de la Constitución Política, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de marzo de 2021. C.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente nro. 54001 2333 000 2019 00354 01. 

NOTA DE RELATORÍA 3: Sobre la posición de la Sala Plena de la Corporación acerca de la inhabilidad del numeral quinto del artículo 179 de la Constitución Política, ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de 2012. C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Expediente nro. 11001 0315 000 2011 00438 00 (PI); Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de febrero de 2012. C.P.: Susana Buitrago Valencia. Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00063 00 (IJ); Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de febrero de 2012. C.P.: Susana Buitrago Valencia. Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00099 00 (IJ); Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de julio de 2012. C.P.: Olga Melida Valle de la Hoz. Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00098 00 (IJ)

Problema jurídico 2: ¿En el proceso de pérdida de investidura bajo estudio se acreditó elemento subjetivo respecto a la vulneración del régimen de inhabilidades por parte del representante a la Cámara Víctor Andrés Tovar Trujillo por desconocer lo previsto en el numeral 5 del artículo 179 Superior, esto es, por tener parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política?

Tesis 2: “El artículo cuarto de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019 modificó el artículo primero de la Ley 1881 de 2018 y estableció que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y que la acción se ejercerá contra los congresistas que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubieran incurrido en una de las causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución. En esa medida, el principio de culpabilidad conlleva a que se adelante un juicio de reproche sobre la conducta del acusado con el fin de determinar si incurrió en la causal de pérdida con dolo o culpa grave. El primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que lesiona el interés jurídico protegido; entretanto, el segundo está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad. (…) el congresista acusado consultó si incurría en la inhabilidad del numeral quinto del artículo 179 de la Constitución mientras su pariente se encontraba en licencia no remunerada durante el período inhabilitante y, en los conceptos rendidos, se observa que la respuesta dada fue que no se configuraba la inhabilidad. Cabe agregar que las consultas elevadas por el congresista fueron expresas y precisas frente a la configuración de la inhabilidad y respecto de los hechos que ahora se le endilgan en esta pérdida de investidura; las consultas fueron rendidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por abogados expertos en asuntos electorales; por último, los conceptos fueron sustentados de manera razonable, por lo que se concluye que la asesoría solicitada por el congresista fue idónea. Igualmente, está acreditado con el formulario E – 6 CT que el congresista acusado se inscribió como candidato a la cámara de representantes el 10 de diciembre de 2021, es decir, que los conceptos fueron rendidos de manera previa a la fecha en la que se inscribió. Además de los conceptos que fueron solicitados por el congresista, cabe destacar por la Sala que el acusado expuso que su actuación estuvo fundamentada en la sentencia proferida el 11 de marzo de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con la cual cuando un servidor se encuentra en licencia no remunerada no ostenta autoridad civil y política. Como quedó visto en el acápite precedente, si bien se trata de un único pronunciamiento en ese sentido, tiene la potencialidad de enervar la configuración del elemento subjetivo de la causal. Por lo expuesto, la Sala considera que la conducta del congresista acusado está justificada en la buena fe calificada y, en esa medida, no está configurado el elemento subjetivo (…).

 [L]a Sala negará la solicitud de pérdida de investidura del representante a la cámara Victor  Andrés Tovar Trujillo dado que, si bien incurrió objetivamente en la causal de desinvestidura, su conducta está justificada en la buena fe calificada, toda vez que antes de inscribirse como candidato consultó frente a la configuración de la inhabilidad y las respuestas que obtuvo fueron negativas, así como también fundamentó su actuación en la sentencia del 11 de marzo de 2021 proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, de modo que actuó con el convencimiento de que su conducta estaba ajustada al ordenamiento jurídico.”.

Consejo de Estado

M.P. Paola Andrea Meneses

Auxiliar de Enfermería se le protegen sus derechos en falllo de la Corte Constitucional

La Corte revocó las decisiones de instancia y amparó los derechos reiterando la importancia de reconocer la necesidad de garantizar Read More
consejero Juan Enrique Bedoya Escobar

Docentes en servicio activo que no estén afiliados al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990

La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar, profirió Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Corte Constitucional

  • LA EXISTENCIA DE UNA CAUCIÓN PARA ASEGURAR LA RESTITUCIÓN ESPECIAL DEL INMUEBLE ARRENDADO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CAUSALES LEGALES HABILITADAS PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN DEL BIEN, NO ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, NI A LA PR

    Síntesis de los fundamentos En el asunto bajo examen, conforme se planteó al momento de formular el problema jurídico, le correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional decidir si el inciso 2°, del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, al establecer la obligación de prestar una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros a favor del arrendatario, para que el

    Read More
  • ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR RAZONES DE SALUD ES PROTEGIDA POR LA CORTE

    Una ciudadana presentó demanda de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, salud, trabajo, mínimo vital, igualdad, vida en condiciones dignas, debido proceso y, en consecuencia, a la estabilidad laboral reforzada, presuntamente vulnerados por la Sala de Descongestión N° 3 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

    Read More
  • LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN O SU EQUIVALENTE EN CONTRA DEL FUNCIONARIO, COMO UNA INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, POR CONSIDERARLA UNA RESTRICCIÓN DESPROPORCIONADA DEL EJERCICIO DEL DERECHO AL

    Síntesis de los fundamentos En esta providencia la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión «o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente» del numeral 4° del artículo 85 del Decreto Ley 262 de 2000 por vulnerar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 13 y 40 de la Constitución Política.

    Read More
  • EL ABORTO ES UN DERECHO DICE LA CORTE

    La Corte Constitucional en decisión de Sala Plena mediante la Sentencia T_158 de 2023 Magistrado Sustanciador Antonio Jose Lizarazo Ocampo decisión.

    Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25