El Consejo de Estado ratificó el fallo que decretó la pérdida de investidura de Aída Merlano Rebolledo como senadora de la República, elegida para el cuatrienio 2018 – 2022.

� Para La Sala Plena, la demandada violó el tope máximo de gastos de campaña establecidos por la ley como reglas para la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales.

� Dado que la Constitución autoriza al legislador para fijar unos topes en torno a la financiación de las campañas y establece que la violación a estos parámetros da lugar a decretar la pérdida de investidura, la alta corte determinó ratificar la sanción para la congresista.

� Cabe precisar que en contra la exdirigente política hay otras dos demandas de pérdida e investidura que aún se encuentran en trámite.

Consejo de Estado

Corte Constitucional

  • El servicio de agua y saneamiento ambiental básico son derechos fundamentales y se deben garantizar de forma continua e ininterrumpida por parte de las empresas prestadoras de estos servicios

    “La empresa Aqualia Villa del Rosario SAS (Norte de Santander) vulneró los derechos fundamentales de acceso al agua potable, saneamiento básico, salud y vida digna de la ciudadana accionante como usuaria, al no suministrarle en forma debida los servicios a pesar de que le cobra por estos”.

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  • El servicio de agua y saneamiento ambiental básico son derechos fundamentales y se deben garantizar de forma continua e ininterrumpida por parte de las empresas prestadoras de estos servicios

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  • Corte protege de forma transitoria derechos de trabajadora despedida por una entidad bancaria, pese a padecer un trastorno de ansiedad

    Una empresa vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social al despedir a una trabajadora diagnosticada con trastorno de ansiedad, cuando termina unilateralmente el vínculo laboral aduciendo una justa causa, sin tener en cuenta su afección de salud y sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo.

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  • Periodistas no pueden ser declarados civilmente responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción de un funcionario público

    El ejercicio de las libertades de expresión, información y opinión de los periodistas garantiza la posibilidad de publicar información sobre actos de posible corrupción sin que hubiesen concluido los procesos disciplinarios o penales correspondientes siempre que cumplan con las cargas de veracidad e imparcialidad, así como la de opinar sobre tales hechos.

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