El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda por medio de la cual el exsecretario de Educación de Bogotá Abel Rodríguez pretendía dejar sin efectos la sanción fiscal de más de $1.300 millones de pesos que la Contraloría les impuso a él y a otros exservidores distritales.
Durante la gestión del señor Rodríguez al frente la Secretaría, el organismo adquirió un predio en el sector de Mochuelo Alto, localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, por valor de 1.491’043.208 pesos, pese a que el vendedor lo había comprado cinco meses atrás por solo 180 millones de pesos. Este proceso dio origen a un juicio de responsabilidad fiscal que terminó con una sanción contra el exfuncionario, determinación que quedó en firme el 14 de septiembre del 2009.
Alegando que no se habían cumplido los presupuestos para declarar su responsabilidad, entre otros argumentos, el sancionado interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la decisión. Tras el fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no acceder a sus pretensiones, este interpuso un recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
No obstante, la alta corte ratificó la decisión, al considerar que el demandante no expuso argumentos que condujeran a concluir que las apreciaciones sobre las que se edificó el fallo de la Contraloría no correspondían a la realidad. La corporación agregó que el accionante no se refirió a los elementos de prueba allegados al proceso, ni esgrimió ningún elemento que desvirtuara lo allí acreditado.
Estas certezas conducen a concluir que la responsabilidad fiscal fue demostrada sin que se hiciera evidente ningún factor eximente de la misma.