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La Sección Segunda del Consejo de Estado aclaró que la sentencia de unificación de jurisprudencia sobre los contratos de prestación de servicios (con radicado 05001233300020130114301) no prohíbe, limita o desestimula su celebración por parte de las entidades públicas.
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El Consejo de Estado con ponencia del Magistrado LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Bogotá, en SENTENCIA de segunda instancia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) dentro del proceso de NULIDAD ELECTORAL
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El Consejo de Estado con ponencia del CONSEJERO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ en Sentencia de Segunda Instancia del veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) en el Proceso de PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Consejo de Estado
Corte Constitucional
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El servicio de agua y saneamiento ambiental básico son derechos fundamentales y se deben garantizar de forma continua e ininterrumpida por parte de las empresas prestadoras de estos servicios
“La empresa Aqualia Villa del Rosario SAS (Norte de Santander) vulneró los derechos fundamentales de acceso al agua potable, saneamiento básico, salud y vida digna de la ciudadana accionante como usuaria, al no suministrarle en forma debida los servicios a pesar de que le cobra por estos”.
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El servicio de agua y saneamiento ambiental básico son derechos fundamentales y se deben garantizar de forma continua e ininterrumpida por parte de las empresas prestadoras de estos servicios
“La empresa Aqualia Villa del Rosario SAS (Norte de Santander) vulneró los derechos fundamentales de acceso al agua potable, saneamiento básico, salud y vida digna de la ciudadana accionante como usuaria, al no suministrarle en forma debida los servicios a pesar de que le cobra por estos”.
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Corte protege de forma transitoria derechos de trabajadora despedida por una entidad bancaria, pese a padecer un trastorno de ansiedad
Una empresa vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social al despedir a una trabajadora diagnosticada con trastorno de ansiedad, cuando termina unilateralmente el vínculo laboral aduciendo una justa causa, sin tener en cuenta su afección de salud y sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo.
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Periodistas no pueden ser declarados civilmente responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción de un funcionario público
El ejercicio de las libertades de expresión, información y opinión de los periodistas garantiza la posibilidad de publicar información sobre actos de posible corrupción sin que hubiesen concluido los procesos disciplinarios o penales correspondientes siempre que cumplan con las cargas de veracidad e imparcialidad, así como la de opinar sobre tales hechos.
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